• Empresa facturera es utilizada para la justificación pero no hay pago real a proveedores
Una deuda de alrededor de siete millones de pesos por suministro de productos alimenticios para la población penitenciaria y elementos de la policía estatal heredará el actual gobierno de Alejandro Murat al de Salomón Jara, debido a presuntos actos de corrupción cometidos por el área administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública y que involucran a empresas factureras.
Y es que de acuerdo a información respaldada en documentos que avalan el adeudo millonario, de 2018 a 2021 a través de la Oficialia Mayor y su unidad administrativa a cargo de Zory Ziga Martínez y Óscar Leyva Gordon, respectivamente, la dependencia subcontrató a proveedores para entregar productos como abarrotes, cárnicos, frutas, verduras y tortillas, entre otros., que a la fecha no han obtenido el pago correspondiente.
A través de firmas como el Consejo Empresarial para el Desarrollo del Campo Oaxaqueño, S. de RL. De CV y la denominada Comercial de Bienes y Servicios Leesca, SA de CV, se emitieron facturaciones por la entrega de alimentos para Centros Penitenciarios y personal policial y cuyos montos no se pagaron a los proveedores.
De acuerdo con los informes, a la renuncia de la primera empresa en cita, a quien no cumplieron el pago de las facturas emitidas y a su vez, no pudo liquidar los adeudos contraídos, fue contratada la denominada Comercial de Bienes y Servicios Lescas, SA de CV, para que cubriera pagos por 22 millones 444, 067.11 pesos a los acreedores que se señalan.
Contrario a ello, y a pesar que del caso tuvo conocimiento también la Secretaría de Finanzas del Gobierno Estatal, sin más explicaciones los empresarios afectados fueron eliminados de la lista de proveedores de la SSPO, quienes a la fecha no han recibido los pagos por sus entregas.
La situación que ya provocó la afectación a unas 100 familias que de forma directa e indirecta laboran para las empresas oaxaqueñas.
A escasos tres meses del relevo, la Secretaría de Seguridad Pública mantiene la negativa para saldar las deudas contraídas y tampoco ha dado explicaciones acerca del destino del dinero por el que se facturó la millonaria cifra.
