Comunicado
29 de agosto de 2022
Comunicado conjunto GOBERNACIÓN-RELACIONES EXTERIORES
El día de hoy da inicio la visita oficial de la Relatora Especial sobre los derechos humanos de los Desplazados Internos de las Naciones Unidas (ONU), Cecilia Jimenez-Damary, la cual se da por invitación del Gobierno de México y en la que atestiguará la situación del Desplazamiento Forzado Interno (DFI), en nuestro país.
El Gobierno de México ha asumido el compromiso de avanzar en la atención y reconocimiento del DFI como un fenómeno multicausal que requiere de un enfoque integral basado en el respeto de los derechos humanos, encaminado a la prevención, atención, reparación y búsqueda de soluciones duraderas, que brinde un tratamiento particular a las necesidades de las personas desplazadas internas en situación de vulnerabilidad.
En México se han documentado casos de desplazamiento forzado interno desde la década de los 70. Sin embargo, fue hasta el 2019, cuando de manera oficial se reconoció la existencia y gravedad de este fenómeno; el DFI afecta a miles de personas en distintos lugares del mundo, trastocando sus formas de vida al verse obligados a dejar de manera imperiosa sus hogares, pertenencias y actividades cotidianas; es un proceso de desarraigo, incertidumbre e invisibilización, al cual se suma la omisión por parte de las autoridades y la inexistencia de un marco legal que reconozca los derechos de las personas desplazadas.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, expresó que la visita de la relatora a nuestro país es un hecho histórico y el resultado del trabajo realizado para visibilizar y atender a las personas en situación de DFI y las causas que los obligan.
“Es la primera vez que México recibe a esta Relatoría, a partir de su reconocimiento oficial. El abandono institucional a todas estas víctimas en el pasado, especialmente a las de DFI, trajo como resultado la falta de atención, e impidió y postergó la construcción de un andamiaje institucional mínimo de atención, respuesta y prevención, y propició la inexistencia de un marco normativo adecuado y robusto que brindara una respuesta efectiva a las necesidades de estas personas”, añadió.
“En México, estamos abiertos al escrutinio internacional, no solo como un ejercicio de rendición de cuentas, sino porque sabemos que el trabajo colaborativo con organismos internacionales nos fortalece como gobierno”, destacó el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración.
Por su parte, el director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Cristopher Ballinas Valdés, destacó que “el gobierno mexicano ha manifestado reiteradamente que está abierto a un diálogo constructivo y a cooperar con los órganos y mecanismos internacionales de derechos humanos. Por ello, la visita de la relatora la vemos como una oportunidad de sostener un diálogo abierto y cooperativo en el tema de desplazamiento interno que permita construir las capacidades institucionales nacionales para enfrentar los retos con una perspectiva integral, no solo nacional, sino regional e internacional. En un momento de crítica férrea al multilateralismo, México refrenda su compromiso de trabajo conjunto con los organismos y procedimientos internacionales de derechos humanos como una forma de hacerse de mayores estándares y con ello atender las demandas de las personas que enfrentan esta problemática. El tema debe ser abordado de manera integral y con la cooperación internacional del sistema multilateral”.
La visita tendrá lugar del 29 de agosto al 9 de septiembre y durante su estancia, la Relatora sostendrá reuniones con autoridades de los tres órdenes de gobierno, representantes del poder legislativo, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil.
De igual manera, se reunirá con autoridades del gobierno de la Ciudad de México, Chihuahua, Guerrero y Chiapas, en donde dialogará con personas que enfrentan el desplazamiento interno, escuchará sus planteamientos y conocerá necesidades.
Al final de su visita, el día 9 de septiembre, la Relatora presentará su informe y recomendaciones al Gobierno de México.
