Mario o Carlos Castellanos Alcázar es un periodista oaxaqueño reconocido por su teoría en conocimientos adquiridos desde hace 40 años, reportero de Diarios locales y corresponsal de Medios nacionales, autor de la columna “Arena Política” con título de la Secretaría de Educación Pública- SEP- Maestro de Educación Primaria, analista de temas políticos, económicos y sociales.
Nuevamente los oaxaqueños despiertan, aún, no están convencidos, o cuando menos, quieren que se les hable con realidad, acerca del manejo del presupuesto público- y asimismo- la deuda contraída por los gobiernos del ayer y hoy que han gobernado a Oaxaca.
Quieren que se les hable con palabras llanas por más cruda que sea la realidad- y no con rodeos o sofismas, que empañan la función de los gobernantes y la ingobernabilidad que se asoma cada día ante la inconformidad y rechazo de los gobernados, que dudan de la transparencia y el buen manejo de los recursos.
Los gobernados huelen el fraude, la corrupción, la impunidad, mientras el gobierno estatal decanta que todo está bien, viento en popa, democracia, transparencia y finanzas sanas, muy sanas.
Esto viene a colación por la repentina destitución del Secretario de Finanzas del gobierno estatal, Vicente Mendoza Téllez Girón, el 23 de noviembre del 2021- quien causó un descontento en los sectores públicos y privados por el presunto mal manejo de los recursos financieros- y por supuesto, que la LXIV legislatura del Estado pidió su renuncia irrevocable, el 25 de agosto por sospechoso fraude de 3 mil 500 millones de pesos.
Esta cantidad de dinero le fue aprobada por la citada legislatura al gobernador, Alejandro Murat Hinojosa, como contratación de deuda pública, que el citado Secretario de Finanzas, no supo explicar en su comparecencia ante los diputados salientes, pero tampoco el manejo de las finanzas del gobierno en turno… y todo se hizo un borlote y gran desaguisado, por lo que el ex funcionario tuvo que salir a huyendo ante las imputaciones en su contra.
También resulta suspicaz, que el Ejecutivo actual, a menos de ocho días que tomara posesión la diputación de la LXV Legislatura del Estado, solicitara una nueva contratación de deuda pública de los mil 534 millones, 235 mil 126 pesos para refinanciar o restructurar dos créditos que forman parte de la deuda a cargo del Estado, que fluctúa en los 18 mil millones de pesos, incrementada en el gobierno de Gabino Cué Monteagudo. Hasta hoy no hay cuentas claras. Siempre se habla con tecnicismos.
Los más sorprendente es que el gobierno estatal, el martes 23 de noviembre del presente año, destituyera al Secretario de Finanzas, Vicente Mendoza Téllez Girón, en su lugar nombró a Jorge Antonio Hidalgo Tirado, quien se desempeñaba como subsecretario de la misma Secretaría de Finanzas.
Tal vez fue un enroque muy superficial, pues en realidad no se espera un cambio transversal, que revierta la tendencia y la presunta corrupción y fraude del presupuesto, que ha venido en la opacidad, pese a que se diga que las finanzas del gobierno del Estado gozan de cabal salud, según, denuncia del Poder Legislativo.
Será el nuevo Secretario de Finanzas, el que maneje el baile de los recursos financieros, desde luego, ahora que el Ejecutivo del Estado, ya va de salida. Termina su mandado el 31 de diciembre del año 2022.
Murat solicitó hace unos días a la LXV Legislatura del Estado la aprobación del presupuesto que ejercerá en el 2022, que, pese a la austeridad republicana, es de los 82 mil 808 millones 199 mil pesos. Aunado a la contratación de una nueva deuda pública de los mil 534 millones 235 mil 126 pesos pagaderos en 20 años y por supuesto, que los oaxaqueños quedarán hipotecados.
En pleno proceso para elegir al nuevo gobernador, cuya elección será el 5 de junio del 2022, el presupuesto solicitado representa un aumento de los 7 mil 614 millones 22 mil pesos a los 75 mil 193 millones 98 mil pesos, ejercidos en el año 2021, esto en plena austeridad republicana.
Desde luego que el costo político será muy elevado, porque se presta a manipuleo electoral y malas interpretaciones, “que serán utilizados para la campaña del candidato del PRI a la gubernatura”.
El poder y la decisión la tienen los diputados de la fracción parlamentaria de la LXV Legislatura local, que en su mayoría son de MORENA más sus aliados, que tienen en sus manos la aprobación o el rechazo del presupuesto y deuda pública solicitada por el mandatario estatal.
Sería la tumba política para los diputados morenistas en pleno proceso electoral, de aprobar dichos presupuestos estratosféricos, votos menos para MORENA, además los morenistas quedarían por los suelos en peores condiciones que la LXIV Legislatura saliente, que se entregó a los brazos del PRI- Gobierno.
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