*Ante ilegalidad del proyecto minero y violación de derechos humanos: Estado de derecho. No a la autorización ambiental del proyecto “actualización de obras y actividades”
*Exigimos frenar estrategia de confrontación de minera Cuzcatlán y condiciones de seguridad para defensoras y defensores de Valles Centrales.
Con la presentación de un nuevo permiso ambiental, Fortuna Silver Mines, empresa canadiense, pretende explotar el oro y la plata de los Valles Centrales de Oaxaca hasta 2031, por lo que, en las últimas semanas, la empresa minera ha impulsado una campaña mediática para disfrazar los perjuicios sociales y ambientales que han vivido las comunidades zapotecas durante 10 años de explotación de nuestros territorios y presionar a las autoridades mexicanas para que dicho permiso sea aprobado.
Ante este complejo panorama, el Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos, integrado por ayuntamientos y autoridades agrarias de 7 municipios, 9 ejidos y 2 comunidades agrarias de Valles Centrales, expresamos lo siguiente:
La ganancia bruta del proyecto “San José” desde el inicio de su explotación comercial (2011) ha sido de 750 millones de dólares, vendiendo los concentrados de plata y oro a empresas con sede en Suiza y Singapour principalmente y cotizando en las bolsas de valores de Toronto, Nueva York y Frankfurt, por lo que es uno de los proyectos y negocios más rentables de Fortuna Silver Mines. Para los Valles Centrales de Oaxaca, ha quedado la división comunitaria, las amenazas, asesinatos y agresiones hacia defensores comunitarios, la contaminación del medio ambiente y la disminución alarmante de los pozos de agua.
La empresa minera argumenta que, de no aprobarse el nuevo permiso ambiental, perderán su empleo 1200 personas de la región y los apoyos a ciudadanas y ciudadanos de San José del Progreso y sus agencias. El Frente consultó los datos de pobreza y pobreza extrema en dicho municipio, al comparar los niveles de pobreza y pobreza extrema, observamos que no existe una disminución significativa de la misma desde el inicio de la explotación comercial, por el contrario, las cifras son lacerantes: 9 de cada 10 personas viven en situación de pobreza y 4 de cada diez en pobreza extrema.[1] ¿En dónde está el supuesto desarrollo para la región? ¿quién se beneficia de las ganancias multimillonarias de Fortuna Silver Mines? ¿por qué el municipio de San José del Progreso no ha disminuido la pobreza desde la llegada del proyecto minero?
Lejos de disminuir la pobreza, el proyecto minero ha generado violencia sistemática en nuestros territorios, intentando confrontar a los diferentes grupos para favorecer sus intereses.
Por otro lado, las autoridades locales hemos trabajado durante 10 años para recomponer el tejido social comunitario, por lo que deploramos y condenamos cualquier intento de confrontación y violencia en los Valles Centrales de Oaxaca; el mandato que recibimos de nuestras asambleas es proteger y salvaguardar los derechos a la libre determinación, a la paz, el territorio y un medio ambiente sano.
Respecto al proyecto minero, es importante señalar que su permiso ambiental original venció el 23 de octubre de 2021, aunado a este vencimiento, la empresa minera Cuzcatlán construyó 75 obras irregulares, desacatando la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) quien otorgó el permiso original en 2009. De igual forma, la empresa minera contaminó el río el Coyote (2018) y Santa Rosa (2020), afectando directamente a las comunidades de: Magdalena Ocotlán, Monte del Toro, San Matías Chilazoa y la Noria de Ortiz. La SEMARNAT por su parte fue contundente en su Oficio N° SGPA/DGIRA/DG/03305 al señalar que la empresa “ha violentado el derecho a un medio ambiente sano de las comunidades”, por lo que denunciamos que el proyecto minero “San José” se encuentra en la ilegalidad. SEMARNAT, SEGOB, PROFEPA, SE, CNDH: En un Estado de derecho, ninguna empresa canadiense debe estar por encima de las leyes mexicanas, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha dicho en reiteradas ocasiones que no entregará ninguna concesión más para actividades mineras. Esperamos cumpla dicho compromiso con las comunidades zapotecas de Valles Centrales.
A falta de información oficial sobre el proyecto minero, nuestras comunidades realizaron procesos informativos y deliberativos a través de asambleas municipales, agrarias y comunitarias, por lo que en el ejercicio de nuestro derecho a la libre determinación declaramos nuestros territorios prohibidos para la minería, dichas actas y resolutivos han sido entregados a SEMARNAT en tiempo y forma. Por lo que, por mandato de nuestras asambleas y en cumplimiento cabal de las mismas exigimos:
Al presidente de la república, la empresa minera actualmente opera en la ilegalidad, exigimos hacer cumplir el Estado de derecho para garantizar los derechos territoriales de las comunidades de Valles Centrales, por lo que exigimos la clausura del proyecto minero “San José”. De igual manera el Frente exige información sobre los lugares que han sido perforados por la empresa minera, dichas perforaciones han impactado significativamente los mantos freáticos de la región. Los intereses de una empresa trasnacional no deben estar por encima de la soberanía nacional y los derechos humanos del pueblo zapoteco de Valles Centrales.
A la SEMARNAT, negar la autorización solicitada por minera Cuzcatlán para el proyecto denominado “actualización de obras y actividades” ya que incumple con la ley ambiental vigente (las obras ya fueron construidas, una Manifestación de Impacto Ambiental es un instrumento preventivo para la protección del ambiente) y no determina los impactos sinérgicos, residuales y acumulativos de la totalidad del proyecto minero.
A la empresa minera canadiense, exigimos frenar su estrategia de confrontación, desinformación y difamación del Frente, así como apegarse a los marcos legales y constitucionales mexicanos. Declaramos que nuestra defensa es pacífica, enmarcada en las leyes vigentes y los derechos humanos reconocidos internacionalmente, en ese sentido, responsabilizamos a la empresa minera por cualquier acto de violencia, agresión o amenazas dirigidas hacia el Frente y las comunidades que lo integran, es importante señalar que en el marco de la imposición del proyecto fueron asesinados 2 defensores comunitarios (Bernardo Méndez y Bernardo Vásquez) y heridos por armas de fuego 8 personas de San José del Progreso quienes se oponían a la instalación del proyecto minero desde 2009.
Al gobierno canadiense e inversionistas: respetar las determinaciones de las comunidades de Valles Centrales de Oaxaca, integrantes del Frente No a la Minería: ¡Aquí decimos sí a la vida, No a la Minería!, el negocio de FSM solo ha traído violencia, despojo y contaminación a nuestras comunidades.
